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La Agenda 2030 está muerta, la han asesinado. La agenda internacional de desarrollo más ambiciosas de los últimos decenios no ha logrado superar la complejidad de su implementación en España. El uso ideológico al que le ha sometido la extrema izquierda y la extrema derecha, con la desidia cómplice del Gobierno socialista, han relegado a la Agenda 2030 a la anécdota de la trifulca política mediocre.

En España, una vez firmada la adhesión a este compromiso conjunto, se inició todo un proceso de coordinación de políticas para intentar orientar esfuerzos para mejorar los indicadores de desarrollo. En el fondo, como se había hecho siempre con planes europeos, nacionales, regionales y provinciales, pero esta vez con una ambición internacional sin precedentes.

El primer movimiento que hizo el Gobierno de España para institucionalizar la implementación de la Agenda 2030 fue la creación del Alto Comisionado para la Agenda 2030 en 2018, que dependía directamente de Presidencia del Gobierno. Este órgano, que inició un trabajo indispensable para España, fue suprimido en 2020 y sus funciones fueron asumidas por una Secretaría de Estado para la Agenda 2030 que asumía la política de Podemos, Ione Belarra, bajo las órdenes de Pablo Iglesias como Vicepresidente Segundo y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.

En este movimiento político entre el PSOE y Podemos se liquidaron años de análisis y propuestas sobre la eficacia de la coordinación de las políticas públicas. Me encuentro entre aquellos que defendíamos con ahínco que únicamente desde un paraguas ligado a la Presidencia del Gobierno se podría impulsar una coordinación eficaz entre los Ministerios y actores que se vinculan a planes interministeriales. Pero la negociación del gobierno de coalición pesó más y la Agenda 2030 acabó en manos de una extrema izquierda extremadamente ideologizada.

A Ione Belarra, posterior Ministra del ramo y actual líder de Podemos, la sustituyó Enrique Santiago, Responsable del Partido Comunista de España y único diputado que no aplaudió la intervención del Presidente de Ucrania en plena invasión Rusa en abril de 2022, mientras era Secretario de Estado de la Agenda 2030 del Gobierno de España.

Como se puede intuir, la ideologización a la que sometieron Belarra y Santiago a la Agenda 2030 sumada al desinterés del PSOE por impulsar medidas de alto nivel en el Gobierno de Coalición y relegar la implementación a partido radical son poder territorial y sin capacidad diplomática con los actores civiles necesarios, llevó a la Agenda a ser un piedra arrojadiza entre los extremos políticos de nuestro país.

La dejadez del Gobierno del PSOE al finiquitar el Alto Comisionado se contagió a otros actores. ¿por qué motivo iban empresas, universidades, ciudades y territorios a liderar una Agenda de desarrollo si el PSOE se la entregaba a Podemos? Demasiado tiempo han durado los esfuerzos de muchos actores ajenos a la administración.

Las líneas de acción sobre desarrollo económico, social y medioambiental seguirán en cualquier plan de gobierno europeo, nacional, autonómico o local. Pese a las teorías conspiranoicas de algunas, estas líneas son políticas que han estado presentes en la gestión pública históricamente y lo estarán en el futuro. En cambio, el esfuerzo por situar a los gestores públicos y privados en la senda de metas comunes no ha funcionado, al menos en España no.

En España la Agenda 2030 si no ha muerto, está en coma profundo. Confío en que el debate entre los que creemos en las políticas públicas eficaces y coordinadas se encamine hacia acuerdos europeos que superen el clima nacional y permitan que sigamos impulsando una sociedad próspera económicamente, que garantice el Estado del Bienestar y fuerte ante el agresivo clima global.